🔵Viales advirtió que el Decreto 253 impulsa una transformación estructural del sistema de rutas, con delegación a provincias, avance privado y riesgo de desigualdad territorial🔴
El Sindicato de Trabajadores Viales –STVyARA-, conducido por Graciela Aleñá, denunció que el Gobierno nacional avanza con una reforma de fondo sobre el esquema de rutas a partir del Decreto 253/2026, firmado por Javier Milei. La organización considera que la medida no constituye una simple descentralización administrativa, sino una modificación integral del modelo actual.
Delegación de funciones y fragmentación
El DNU que firmo el Presidente establece la entrega a nueve provincias de competencias sobre tramos de rutas nacionales, incluyendo la posibilidad de concesionar obras públicas con peaje, lo que significa según el gremio, una entrega del sistema y una pérdida del control de Vialidad sobre el sostenimiento de las rutas y, aun más grave, la puerta hacia una comercialización de las mismas que se alejan de un plan para el desarrollo de la red troncal.
“Esta medida altera de raíz el sistema vial argentino”, aseguran y agregan que es un “cambio de modelo que rompe el esquema del Decreto-Ley que establece que la Dirección Nacional de Vialidad es el organismo rector del sistema troncal, debe planificar, construir, conservar y administrar las rutas nacionales bajo un criterio integral, federal y solidario”. “Fragmenta la gestión delega funciones centrales y convierte rutas en unidades de negocio”.
Ruptura del esquema histórico
Desde el sindicato sostienen que la medida contradice el marco establecido por el Decreto-Ley 505/58, que define a la DNV como eje central de la política vial. La nueva normativa implicaría un corrimiento de ese esquema hacia un modelo descentralizado, donde las provincias asumen funciones clave sin una planificación integral unificada.
La lógica del mercado
Aleñá advierte que la habilitación de concesiones va a provocar la apertura a una mayor participación del sector privado en la gestión de rutas, algo que en líneas generales no ha concluido en buenos resultados. El mantenimiento y desarrollo de la infraestructura quedaría condicionado por criterios de rentabilidad, priorizando corredores de alto tránsito en detrimento de aquellos con menor flujo vehicular.
“Al sector privado solo le interesan las rutas rentables, es decir, aquellas con alto tránsito y capacidad de cobro de peaje. Así, vas a tener rutas ‘de primera’ para los negocios y rutas destruidas para los pueblos; provincias ricas conectadas y provincias olvidadas”, critica y afirma: “Es un modelo de desigualdad planificada, rompe el principio de igualdad territorial y atenta contra el desarrollo federal”.
Impacto en la integración territorial
El gremio alerta que este esquema puede profundizar las asimetrías entre regiones, generando circuitos viales con distintos niveles de desarrollo según su capacidad económica. La pérdida de un enfoque federal, sostienen, afectaría la conectividad de economías regionales y debilitaría el rol estratégico de las rutas como herramienta de integración nacional.
“Desfinancian la DNV, recortan inversión, frenan obras y preparan el terreno para justificar el achique. Ajustan sobre las rutas, sobre los trabajadores y sobre el interior del país”, aseveró.
Desfinanciamiento y reducción del organismo
Finalmente, la dirigente y el gremio vinculan la medida con un proceso previo de ajuste presupuestario sobre la Dirección Nacional de Vialidad, en el marco de la política de equilibrio fiscal que planteó siempre Milei, aunque con escasos resultados positivos para la ciudadanía. La caída de recursos, junto con la paralización de obras, es interpretada como parte de una estrategia orientada a reducir la estructura del organismo y redefinir su función dentro del sistema vial argentino.