🔵La Federación que conduce Miguel Ángel Soto participó y respaldó un proyecto de la senadora María Rosa Martínez en la provincia de Buenos Aires. Reclama conductores profesionales, seguros específicos y obligaciones para las empresas que intermedian los viajes🔴
La Federación Nacional de Peones de Taxis celebró la presentación del proyecto de ley sobre la regulación de las aplicaciones de transporte en la legislatura bonaerense. La senadora María Rosa Martínez, en conjunto con la organización que lidera Miguel Soto, propone crear un régimen provincial para las empresas que conectan la oferta y la demanda de viajes pagos mediante plataformas digitales.
El arribo de plataformas como Uber, Cabify y Didi, entre otras, le dio la excusa perfecta a los gobiernos para no reglamentar la precarización de los trabajadores y en ese línea, dejar liberado al azar la protección de pasajeros y pasajeros que utilizan a diario estos medios. Pero además, el reclamo de Peones no se limita a ordenar el derecho laboral de la actividad, sino que contempla un espectro más amplio: la seguridad de los pasajeros. En la actualidad, cualquier persona puede “ser su propio jefe” con las apps. Sin embargo, no existen controles de reincidencia, de antecedentes penales ni de ejecución de seguimiento ante eventuales peligros.
La iniciativa recoge una pelea que los taxistas sostienen desde la llegada de las Apps de traslado al país: que la incorporación de tecnología venga acompañada de controles y responsabilidades. “No pedimos privilegios. Exigimos igualdad ante la ley”, sostienen desde la federación de la Avenida La Plata, que plantea la necesidad de proteger los puestos de trabajo y la seguridad de los pasajeros.
De acuerdo con el detalle difundido por el gremio, el proyecto exige que los conductores tengan al menos 21 años, licencia profesional categoría D1 y un certificado del Registro Nacional de Reincidencia renovado anualmente. Para los vehículos, establece una Verificación Técnica Vehicular aprobada y vigente para transporte de pasajeros, además de seguros específicos para los servicios contratados mediante plataformas.
Las obligaciones también alcanzan a las empresas. Peones de Taxis, y el proyecto de ley en su contenido, señala que deberán garantizar el cumplimiento de los requisitos de conductores y vehículos, mantener una base de datos actualizada e inscribirse ante ARBA, además de constituir domicilios en provincia. La propuesta contempla una tasa de inscripción y fiscalización y establece al Ministerio de Transporte bonaerense como autoridad de aplicación.
La Federación remarca que su postura no implica rechazar las apps. “Los taxistas no le tenemos miedo a la modernización”, argumentan, y cuestionan que la tecnología sea utilizada para precarizar el trabajo o permitir que las compañías obtengan beneficios sin asumir responsabilidades. El reclamo apunta a que los controles de seguridad alcancen a todos los que transportan pasajeros y a que las empresas respondan por las condiciones del servicio.
Aunque la iniciativa se presenta en territorio bonaerense, la organización considera que la discusión atraviesa a los taxistas de todo el país. Por eso, plantea que la defensa de la actividad también debe avanzar mediante propuestas y herramientas legislativas. “No rechazamos el futuro. Queremos ser parte de él, con nuestros derechos, nuestra dignidad y nuestra historia”, concluye el comunicado firmado por Soto.
