🔵Los trabajadores del organismo denuncian una caída sostenida de personal, salarios por debajo de la pobreza y un relajamiento de los controles que podría afectar la seguridad alimentaria y las exportaciones. Apuntan contra las políticas del gobierno nacional🔴
El deterioro operativo del SENASA encendió alarmas en los propios trabajadores y profesionales, quienes advierten sobre la falta de personal y el relajamiento de controles, los cuales impactan en la capacidad de fiscalización, generando un riesgo sanitario concreto en el país. El caso reciente de un cargamento de girasol rechazado por contener residuos de pesticidas fuera de norma expuso, según denuncia ATE, las consecuencias de un sistema cada vez más debilitado.
La situación no se limita a episodios aislados. En distintos puntos del país, los controles comienzan a volverse “aleatorios”, especialmente en fronteras, frigoríficos y circuitos de producción vegetal. Esto, sostienen desde el organismo, compromete el estatus fitozoosanitario de la Argentina y pone en tensión la seguridad de los alimentos que se consumen a nivel interno, así como la calidad de los productos destinados a exportación.
Vaciamiento
Además, aparece un fuerte proceso de vaciamiento. El SENASA pasó de contar con alrededor de 6.000 trabajadores en 2023 a apenas 4.848 en la actualidad, con una pérdida mensual de entre 20 y 25 empleados. A esto se suma un éxodo de más de mil agentes, en su mayoría profesionales y técnicos, que abandonan el organismo frente a salarios que se ubican por debajo de la línea de pobreza y una marcada pérdida del poder adquisitivo en los últimos años.
Salarios
Los datos reflejan la profundidad del problema: un profesional con trayectoria percibe ingresos que no alcanzan a cubrir la canasta básica, mientras que los niveles iniciales se ubican aún más relegados. Según estimaciones de la dirigencia interna de ATE, el deterioro del salario estatal acumula una caída del 31% desde la asunción del gobierno de Javier Milei y supera el 50% si se toma una serie más extensa, lo que explica la creciente fuga de recursos humanos clave para sostener la operatividad.
«Un profesional veterinario, o ingeniero agrónomo que promedia la mitad de su carrera dentro del organismo cobra 1.454.230 pesos bruto, lo que en salario de bolsillo dejaría 1.170.655, mientras que el mismo profesional ingresando a la carrera percibe 1.266.820 pesos en bruto, lo que equivaldría a 1.019.790, ambos salarios por debajo de la línea de la pobreza que, en datos oficiales en febrero de 2026, plantea que una familia tipo necesitó 1.397.672 para vivir«, denuncian desde el gremio estatal.
En este contexto, los trabajadores también apuntan contra las políticas de desregulación y flexibilización impulsadas en el sector, como la modificación de normativas que, aseguran, reducen los controles sobre agroquímicos y productos. La advertencia es clara: el debilitamiento del SENASA no solo impacta en sus trabajadores, sino que pone en jaque uno de los pilares estratégicos del país, en un momento en que la Argentina depende cada vez más de su capacidad agroexportadora para generar divisas.