🔵La diputada de Unión por la Patria anunció que se llevará adelante el 9 de septiembre una sesión especial destinada a tratar la creciente morosidad de los hogares. Su proyecto propone eliminar intereses punitorios, limitar las tasas aplicadas por bancos y billeteras virtuales y establecer planes de refinanciación de hasta 36 meses🔴
La diputada nacional Kelly Olmos anunció que distintos bloques de la oposición lograron convocar a una sesión especial para el próximo 9 de septiembre, con el objetivo de avanzar en una respuesta legislativa frente al creciente endeudamiento de las familias. La intención es alcanzar un acuerdo que permita unificar los más de 40 proyectos presentados en el Congreso y construir una iniciativa con posibilidades de aprobación.
La legisladora peronista aprovechó para pegarle a la política económica implementada por Javier Milei y Luis Caputo, especialmente por la pérdida de poder adquisitivo, el freno a las paritarias y la eliminación de límites sobre las tasas aplicadas por entidades financieras y billeteras virtuales. “Tengo confianza en que vamos a llegar a un acuerdo entre los diputados/as de diversos bloques”, anheló y argumentó: “Cuando un acreedor, ya sea bancario o no bancario, se encuentra ante la incobrabilidad de su deuda, debe asumir la pérdida. Y en muchos de estos casos, tienen que explicarles a inversores externos la situación de esa pérdida. Lo que planteamos nosotros es que acá tiene que haber un esfuerzo compartido”, siguió.
“En lugar de pasar todo a pérdida, ellos pueden recuperar una parte como activos siendo capaces de ceder la otra parte al deudor para que pueda regularizar su situación. ¿Cómo haríamos esto? Eliminando el 100% de los punitorios, poniendo un techo a la tasa de interés compensatoria para la renegociación y dando plazos de 12, 24 y 36 meses, con un plazo de gracia de 90 días, para ayudar al deudor a organizarse y honrar sus compromisos”, agregó, a lo cual, asegura que esto “generaría una situación de esfuerzo compartido en la que acreedores y deudores ganan”. “Para ello, algunos deben abandonar sus límites ideológicos y pensar en el bien común”, cuestionó.
Un régimen obligatorio para refinanciar las deudas
Como aporte al debate, la ex ministra de Trabajo de la Nación presentó junto con otros diputados de Unión por la Patria el proyecto 4166-D-2026, denominado “Régimen Integral de Protección y Desendeudamiento de las Familias Argentinas”. La propuesta alcanza a personas con deudas de consumo de hasta tres Canastas Básicas Totales y contempla obligaciones contraídas con bancos, tarjetas, fintech, billeteras virtuales y otros proveedores de crédito.
El proyecto establece la eliminación del 100% de los intereses punitorios, un límite para la tasa compensatoria aplicada durante la renegociación, un período de gracia de 90 días y planes de 12, 24 o 36 cuotas, según el monto adeudado. Mientras el deudor cumpla con la refinanciación, también quedarían suspendidos los embargos, las ejecuciones judiciales y los reportes negativos ante las centrales de riesgo.
“No se condona el capital ni los intereses compensatorios legítimos”, aclaran los fundamentos de la iniciativa. El mecanismo busca que las personas puedan cancelar sus obligaciones sin quedar atrapadas por punitorios, cargos adicionales y tasas que terminan multiplicando la deuda original. También incorpora límites para la financiación con tarjetas de crédito y un régimen especial para créditos hipotecarios sobre vivienda única.
“Esfuerzo compartido” frente a la incobrabilidad
Olmos definió la propuesta como un esquema de “esfuerzo compartido” entre acreedores y deudores. Según explicó, cuando una deuda se vuelve incobrable, las entidades deben asumir la pérdida; mediante una refinanciación regulada podrían recuperar el capital, mientras las familias obtendrían condiciones posibles de cumplir. “En lugar de pasar todo a pérdida, ellos pueden recuperar una parte como activos siendo capaces de ceder la otra parte al deudor para que pueda regularizar su situación”, sostuvo.
La diputada también confrontó con la postura oficial de considerar la morosidad como un simple “asunto entre privados”. Para la justicialista porteña, el Estado debe intervenir “a favor del más débil” y regular un mercado atravesado por una profunda desigualdad entre acreedores y consumidores. La sesión del 9 de septiembre será el primer desafío para saber si la oposición consigue reunir una mayoría y transformar las distintas iniciativas en una respuesta común ante una crisis que ya alcanza a millones de hogares.
