🔵Los gremios aeronáuticos argumentaron detalladamente con Derecho Internacional los motivos por los cuales el Gobierno incurre en medidas ilegales al declarar la esencialidad del Transporte🔴
El Frente Aeronáutico le respondió al Gobierno Nacional su intención de reglamentar la “esencialidad” del transporte aéreo comercial, lo que implicaría la imposición de servicios mínimos durante las huelgas. Sonido Gremial anticipó la jugada del Poder Ejecutivo el sábado.
Los sindicatos califican esta medida como “arbitraria e ilegal”, advirtiendo que los funcionarios que participen en su implementación podrían enfrentar responsabilidades administrativas y penales.
El trasfondo
El Ministerio de Capital Humano difundió la decisión de avanzar con la reglamentación de la esencialidad en el servicio aeronáutico, lo que permitiría limitar el derecho a huelga en el sector, luego de que estos iniciaran acciones gremiales ante el 72 por ciento de atraso salarial que enfrentan los y las trabajadoras del sector.
El Frente compuesto por Aeronavegantes, UPSA, APA y APLA señala que esta medida no solo contraviene la Ley 25.877, que ya regula el derecho a huelga en servicios públicos esenciales, sino que también busca apoyarse en el DNU 70/23, declarado inconstitucional por la Cámara de Trabajo en enero de este año. El DNU enfrenta serias adversidades judiciales y diferentes abogados laboralistas, incluso del propio Congreso, sostienen que tarde o temprano se declarará inconstitucional.
Los motivos de la ilegalidad
Los sindicatos explican que la única manera legítima de regular la huelga en servicios esenciales es a través de la “Comisión de Garantías”, como lo establece el Decreto 272/06”, que sigue los principios de la OIT. Esta comisión está compuesta por expertos que pueden definir los servicios mínimos de manera imparcial, asegurando que los derechos de los trabajadores no sean vulnerados. Intentar imponer limitaciones al derecho a huelga fuera de este marco legal sería considerado un “exceso de poder y abuso de autoridad”, según los gremios.
Además, en el caso de Aerolíneas Argentinas, la situación es aún más crítica, ya que el Estado actúa como empleador y regulador simultáneamente, lo que viola la imparcialidad que exige la entidad Madre del derecho laboral en el mundo. Esto le otorgaría una ventaja injusta a la empresa pública, administrada por el propio Gobierno, durante las negociaciones salariales en curso.
Los funcionarios
El comunicado advierte que los funcionarios que promuevan esta medida estarían incurriendo en delitos graves, como la violación de la Ley 14.786, que obliga al Estado a promover la conciliación de los conflictos colectivos antes de prohibir una huelga. En lugar de buscar una solución, el Gobierno ha optado por intentar limitar los derechos constitucionales de los trabajadores, lo que podría acarrear consecuencias legales.
El Frente Aeronáutico concluye que aún hay tiempo para que el Gobierno rectifique, reconozca el marco legal vigente y respete el derecho constitucional de huelga conforme a la ley. De lo contrario, las acciones que se tomen al margen de la ley serán nulas y podrían derivar en consecuencias penales para los responsables.