🔵La CTA Autónoma fue a la Corte Suprema y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar a Gerardo Morales y pedir la inconstitucionalidad de la reforma🔴
La CTA Autónoma fue hasta la Corte Suprema para exigir judicialmente la suspensión de la reforma constitucional que aplicó en Jujuy el gobernador Gerardo Morales y que lo logró mediante acuerdo con todos los bloques, lo cual llamó la especial atención de propios y extraños.
Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la central obrera fue quien presentó a la Corte un recurso denominado Amicus Curiae que tiene por objeto la declaración de nulidad por inconstitucional a la reforma provincial.
“La Central solicitó su admisión en el expediente en carácter de amicus curiae para que se haga lugar a la acción en resguardo de las garantías constitucionales e internacionales propias del estado constitucional de derecho en cuanto los artículos 67 inc. 4°, 94 y 95 de la constitución de Jujuy resultan violatorios de esas premisas, y por ende inconstitucionales e inconvencionales”, explica el documento emitido por la organización sindical. Adhiere que allí se violan los derechos y garantías de los artículos “los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 19, 31, 33, 75 inc. 17 y 22 y 123 se ven seriamente afectados”. “Esta reforma resulta violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como los Convenios 87 y 169 de la OIT”, anexa.
Godoy, también le solicita a la CSJ que convoque a los demandantes a una audiencia pública para conocer en detalle los argumentos del recurso presentado “sobre la violación a los derechos fundamentales expresados y la necesidad urgente de garantizar la vigencia de las garantías constitucionales vigentes”.
🌍CIDH
Al mismo tiempo, la CTA Autónoma adjunta una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado argentino se involucre y proteja los derechos de los dirigentes sindicales, integrantes de pueblos originarios, organizaciones sociales, colectivo de mujeres, y dirigentes políticos, a los cuales el gobernador Morales colocó en la mira debido a las protestas sociales y que en muchos casos utilizó la privación de la libertad para demostrar poder político. «Persecución política, hostigamiento y criminalización en su contra dirigida a disciplinar a sectores de la oposición en esa provincia”, denominó Godoy.