Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, propusieron crear un ámbito de discusión oficial para la resolución de conflictos laborales entre el Gobierno que hoy conduce María Eugenia Vidal y los trabajadores.
Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, pidió crear un órgano para mediar entre los conflictos laborales entre los trabajadores públicos y el Estado.
“La exigencia es para que se cumpla con el artículo 39 inciso 4º de la Constitución, que establece que “la Provincia garantiza a los trabajadores estatales el derecho de negociación de sus condiciones de trabajo y la substanciación de los conflictos colectivos entre el Estado Provincial y aquellos a través de un organismo imparcial que determine la ley”, remarcó el director del ente.
“Me parece bárbaro, pero que lo hagan, que cumplan con la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pero que sea realmente imparcial, que saquen al zorro del gallinero (por el Ministerio de Trabajo)”, ironiza el Secretario General de ATE Buenos Aires. “Este órgano no debe ser quien defina o imparta un resolución, tiene que orientar, pero la creación del mismo, debe estar consensuada en la Legislatura por el Estado y los trabajadores, sino es imposible que sea parcial”, agregó.
Esto se da justo en medio de varios conflictos que mantiene, no solo la Provincia de Buenos Aires con gremios estatales, sino a nivel nacional. La Asociación de Trabajadores Estatales que administra a nivel bonaerense, Oscar De Isasi, tiene en su haber problemáticas con la Gobernadora Vidal que tienen que ver con el pase a planta permanente de los empleados de los distintos organismos provinciales y fundamentalmente con los despidos que se han provocado en el último año. Específicamente, alrededor de 11.500 efectivos en la Dirección de Escuelas, a cargo de Alejandro Finocchiaro, son los que tienen trabados sus expedientes para el pase a la formalidad laboral; por el lado wing, 5.000 becarios en las áreas de Sanidad (médicos, enfermeros, camilleros, etc.) se encuentran en la misma situación. Dos mil empleados son los que se tiene en carpeta los restantes organismos.
“Consideramos que la negociación colectiva del sector público provincial es un ámbito de promoción del diálogo, de búsqueda de consenso y consagración de la equidad en el tratamiento de las relaciones entre el Estado y los trabajadores, por lo que impulsamos el tratamiento de dichas iniciativas dentro del ámbito de la Legislatura, a fin de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución”, planteó Lorenzino en un comunicado de prensa de la Defensoría.