🔵La desintegración del sistema tarifario encareció los viajes entre la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. En un escenario marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la disputa entre Nación, Ciudad y Provincia vuelve a trasladar sus consecuencias sobre quienes dependen diariamente del transporte público🔴
La eliminación de los descuentos en determinadas combinaciones de la Red SUBE se convirtió en un nuevo golpe al bolsillo de miles de trabajadores y estudiantes que todos los días viajan desde el conurbano hacia la Ciudad de Buenos Aires. Quienes utilizan el tren y luego continúan su recorrido en subte o en una línea de colectivo porteña deben pagar ahora el valor completo de ambos pasajes.
Hasta la modificación del esquema, el segundo viaje realizado dentro de las dos horas contaba con una rebaja del 50% y el tercero con un descuento del 75%. La pérdida del beneficio representa, según los recorridos, un gasto adicional de entre 10.000 y casi 14.000 pesos mensuales, tomando como referencia 22 días hábiles. Para una familia con más de un integrante que se traslada diariamente, el impacto se multiplica.
El recorte se produce, además, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo de los salarios. El boleto de subte alcanzó los 1.684 pesos, mientras que el pasaje mínimo en las líneas porteñas parte de los 852,90 pesos con la SUBE registrada. A esto se suma un mecanismo de actualización mensual que combina la inflación con un 2% adicional, profundizando la distancia entre el costo del transporte y los ingresos de los trabajadores.
El problema afecta con mayor intensidad a quienes viven más lejos de sus lugares de trabajo o estudio y necesitan realizar dos o tres combinaciones. De esta manera, la fragmentación del sistema termina estableciendo una desigualdad territorial: cuanto mayor es la distancia y más medios de transporte se necesitan, más elevado es el porcentaje del salario que debe destinarse solamente a viajar.
Detrás del nuevo esquema aparece una prolongada disputa política por el financiamiento del transporte entre el Gobierno nacional, la administración porteña y la provincia de Buenos Aires. Cada jurisdicción redujo o interrumpió sus aportes al sistema, pero las diferencias no derivaron en una solución coordinada. Por el contrario, el costo fue trasladado directamente a los pasajeros, en medio de información desactualizada y una creciente confusión sobre qué combinaciones conservan los beneficios.
La falta de una política metropolitana integrada deja atrapados a millones de usuarios dentro de un sistema dividido por límites administrativos que no se corresponden con la dinámica laboral y social del Área Metropolitana. Los trabajadores cruzan diariamente esas fronteras para sostener sus empleos, pero deben pagar tarifas diferentes y afrontar la pérdida de descuentos según la jurisdicción en la que se encuentren.
La quita del beneficio funciona así como un nuevo recorte indirecto sobre los salarios. Mientras Nación, Ciudad y Provincia se atribuyen responsabilidades, quienes terminan absorbiendo las consecuencias son los sectores que dependen del transporte público para trabajar, estudiar o acceder a servicios esenciales. Una vez más, la disputa política se resuelve cargando el mayor esfuerzo sobre los usuarios más vulnerables.
