🔵En medio del paro nacional docente, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires rechazó el intento de fiscalización impulsado por la Secretaría de Trabajo de la Nación y ordenó a sus inspectores no suministrar información sobre las escuelas bonaerenses🔴
La respuesta de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, a cargo de Flavia Terigi, llegó pocas horas después de que el Ministerio de Capital Humano anunciara la coordinación de inspecciones para verificar el cumplimiento de la prestación mínima del 75% prevista en el artículo 101 de la Ley 27.802. En un documento oficial dirigido a inspectores regionales, distritales y equipos de conducción, la Provincia informó que el Ministerio de Trabajo bonaerense solicitó formalmente a la Secretaría de Trabajo de la Nación que se abstenga de requerir información o realizar fiscalizaciones sobre el empleo público provincial.
El Gobierno de Axel Kicillof sostiene que la Secretaría de Trabajo carece de competencia para controlar el funcionamiento del sistema educativo bonaerense y fundamenta esa postura en la autonomía provincial consagrada por la Constitución Nacional. En esa línea, instruyó a las autoridades educativas a no realizar declaraciones ni entregar información a funcionarios nacionales, al considerar improcedentes esos requerimientos.
La controversia se produce en el marco de la primera aplicación del régimen de servicios esenciales sobre un paro docente nacional desde la aprobación de la reforma laboral en 2026. La norma obliga a garantizar una prestación mínima del 75% durante las medidas de fuerza, una disposición que el Gobierno presenta como una garantía del derecho a la educación, pero que parecería que se orientó a obstaculizar el ejercicio constituciunal del derecho de huelga.
Para los gremios docentes y las centrales sindicales, la decisión de la Provincia representa también una defensa de las facultades de las jurisdicciones y de las garantías constitucionales vinculadas a la libertad sindical. Desde esa perspectiva, impedir que un organismo nacional fiscalice el nivel de adhesión a un paro constituye una forma de resguardar el derecho de los trabajadores a adoptar medidas de fuerza sin la intervención de autoridades que, según sostienen, no poseen competencia sobre el empleo público provincial.
El cruce entre la Nación y la Provincia trasciende así la discusión por el funcionamiento de las escuelas durante la jornada de protesta. El conflicto expone dos concepciones enfrentadas sobre el alcance de la reforma laboral, el federalismo y el derecho de huelga, en un escenario donde la disputa ya no involucra únicamente a los sindicatos docentes, sino también a las administraciones provinciales que cuestionan la potestad del Ejecutivo nacional para controlar el desarrollo de los conflictos laborales en sus jurisdicciones.
