🔵Mientras los gremios docentes llevan adelante el paro nacional de este lunes 3 de agosto, el Gobierno puso en marcha un operativo de control sobre las escuelas de todo el país para supervisar el cumplimiento de la reforma laboral, es decir, la prestación mínima del 75%🔴
En la previa de la medida de fuerza docente, el Ministerio de Capital Humano reunió al Comité Ejecutivo ampliado del Consejo Federal de Educación y coordinó con las provincias la aplicación de la cobertura mínima del servicio educativo y anunció en sus redes sociales inspecciones nacionales durante la jornada de protesta con el argumento de garantizar el dictado de clases.
La decisión se inscribe en uno de los capítulos más controvertidos de la denominada Ley de Modernización Laboral, que incorporó a la educación dentro del régimen de servicios esenciales y obliga a garantizar el 75% de la prestación habitual durante una huelga. Esta es una de las medidas que constituyen la idea del Poder Ejecutivo de vaciar de contenido el derecho de huelga y reducir la capacidad de presión de las organizaciones gremiales.
El operativo de fiscalización no aparece como un hecho aislado. Desde la sanción de la reforma, el Ejecutivo viene sosteniendo una política de creciente confrontación con el sindicalismo. Los intentos de imponer millonarias sanciones económicas a gremios que impulsaron medidas de fuerza, como a La Fraternidad y la UTA, fueron leídos por las centrales obreras como antecedentes de una estrategia orientada a disciplinar la protesta mediante la amenaza de multas, controles y judicialización de los conflictos.
En ese contexto, el anuncio de inspecciones durante el paro docente adquiere un fuerte contenido político. Para los gremios, no se trata únicamente de verificar el funcionamiento de las escuelas, sino de exhibir la decisión del Gobierno de utilizar todas las herramientas que le otorgó la reforma laboral para limitar el alcance de las huelgas y condicionar el ejercicio de uno de los derechos históricos del movimiento obrero argentino.
Mientras el paro se desarrolla en distintas provincias con reclamos por la restitución del FONID, la reapertura de la paritaria nacional docente y el rechazo al proyecto de «Libertad Educativa», el Ejecutivo profundiza una estrategia que vuelve a colocar en el centro del debate el alcance del derecho de huelga y el rol del Estado frente a los conflictos laborales. Para las organizaciones sindicales, el conflicto ya trasciende la discusión salarial: aseguran que está en juego la defensa de las herramientas de organización y protesta conquistadas por los trabajadores.
