🔵El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia advirtió que la reforma avanza sin recursos, sin personal suficiente y con riesgo para las condiciones laborales de los trabajadores judiciales🔴
Julio Piumato, presentó un pedido formal ante el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema y los Ministerios Públicos para que se suspenda la implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones de Posadas y La Plata. La reforma está prevista para comenzar a aplicarse entre marzo y mayo de 2026, pero desde el gremio judicial sostienen que no están dadas las condiciones básicas para avanzar.
El planteo del secretario de DDHH de la CGT señala que en esas jurisdicciones falta personal, infraestructura adecuada y recursos tecnológicos indispensables para que el nuevo sistema funcione correctamente. Desde el gremio de la calle Perón advierten que poner en marcha la reforma en este contexto implicaría una fuerte improvisación que afectaría el normal funcionamiento de la Justicia y sobrecargaría aún más a los trabajadores y trabajadoras del sector.
Piumato remarcó que el problema no es el cambio del sistema procesal en sí, sino la manera en que se pretende llevar adelante. El sistema acusatorio requiere más organización, mejores herramientas y una preparación previa que hoy no existe. Sin esos elementos, sostienen desde el sindicato, la reforma termina impactando directamente en las condiciones laborales y en la salud de quienes sostienen el trabajo cotidiano en los tribunales.
El reclamo se suma a otras advertencias realizadas por la UEJN en distintas instancias de reforma judicial. Desde el gremio insisten en que cualquier cambio profundo debe estar acompañado por inversión, planificación y diálogo, y no avanzar de forma apresurada. Para Piumato, sin recursos reales, las reformas no solo fracasan, sino que generan más problemas de los que dicen querer resolver.