🔵La CGT y el conjunto de centrales y organizaciones populares rechazan el proyecto del ministro Federico Sturzenegger🔴
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue presentado por el Poder Ejecutivo Nacional e impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Aunque su título pone el foco en la protección patrimonial, la iniciativa plantea una reforma mucho más amplia, con efectos sobre la vivienda, el territorio, los recursos naturales, el ambiente y determinadas herramientas de intervención estatal.
Un informe elaborado por la Secretaría de Asuntos Legislativos de la Juventud Sindical de la CGT, a cargo de Sol Di Próspero analizó el contenido de la propuesta oficial y sus posibles consecuencias sociales y laborales. La JSP expresó su rechazo al considerar que fortalece el interés privado individual en detrimento de la función social de la propiedad y del interés colectivo.
Los seis ejes centrales del proyecto
- Expropiaciones: el proyecto establece una interpretación más restrictiva del concepto de utilidad pública y exige una fundamentación más rigurosa para que el Estado pueda avanzar con una expropiación. También incorpora el lucro cesante dentro de la indemnización, congela la valuación del bien al momento anterior a cualquier anuncio y determina que no podrá transferirse el dominio hasta completar el pago. Según el informe sindical, estos cambios podrían dificultar obras de interés social y la expropiación de empresas cerradas para preservar puestos de trabajo mediante cooperativas.
- Desalojos y alquileres: las demandas pasarían a tramitarse mediante un proceso sumarísimo, el más breve contemplado por la legislación procesal. En determinados casos, el propietario podría recuperar anticipadamente el inmueble antes de la sentencia definitiva y mediante una caución juratoria, sin aportar una garantía patrimonial. Para los alquileres de vivienda con falta de pago, se establece una intimación previa mínima de diez días. La principal advertencia es que se reducen los plazos de defensa y se acercan procesalmente dos situaciones diferentes: la del intruso y la del inquilino que mantiene un contrato, pero acumula una deuda.
- Barrios populares: la iniciativa modifica la Ley de Integración Socio-Urbana y elimina la declaración de utilidad pública sobre los inmuebles comprendidos en el Registro Nacional de Barrios Populares —RENABAP—. También suprime la expropiación conjunta como mecanismo de regularización, la reemplaza por herramientas individuales, como la prescripción adquisitiva, y transfiere responsabilidades a provincias y municipios. El informe advierte que muchas jurisdicciones podrían no contar con los recursos técnicos y económicos necesarios para asumir esa tarea.
- Compra de tierras rurales: el proyecto elimina los límites vigentes para la adquisición de campos por parte de privados extranjeros. Actualmente, la legislación fija un máximo del 15% de tierras rurales extranjerizadas, restringe al 30% la participación de una misma nacionalidad dentro de ese porcentaje y establece un tope de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo. La propuesta oficial suprime esos límites e incorpora la posibilidad de que el Ejecutivo establezca excepciones a la prohibición que pesa sobre los Estados extranjeros.
- Manejo del Fuego: la reforma elimina el plazo de 60 años durante el cual se restringen los cambios sobre el uso de terrenos incendiados y reduce las protecciones existentes sobre humedales, pastizales, praderas, matorrales y zonas de interfaz urbano-rural. También habilita nuevamente subdivisiones, loteos, ventas y determinadas actividades productivas. Las organizaciones opositoras sostienen que esta modificación podría favorecer operaciones inmobiliarias o agropecuarias sobre superficies afectadas por el fuego.
- Registros inmobiliarios: el capítulo menos controvertido incorpora la presentación digital de documentos, fija un plazo máximo de 30 días para la calificación registral y crea un Consejo Federal de Registros, una Red Federal Digital de Publicidad de Inhibiciones y una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria. Tanto el oficialismo como la oposición coinciden en la necesidad de modernizar el sistema, aunque mantienen diferencias sobre los controles y las responsabilidades técnicas.
La aprobación del proyecto, el cual será rechazado este miércoles en una conferencia de prensa de todas las centrales sindicales en la CGT y manifestado en una movilización el jueves mientras se desarrolle la sesión en el Senado, según el Gobierno otorgaría mayores garantías a los propietarios y agilizaría diferentes procedimientos vinculados con sus bienes. Sin embargo, al mismo tiempo reduciría la capacidad del Estado para intervenir mediante expropiaciones, acortaría los procesos de desalojo y debilitaría algunos mecanismos nacionales de protección habitacional, territorial y ambiental.
La apertura de las tierras rurales al capital extranjero aparece como el punto de mayor conflicto. El informe de la Juventud Sindical advierte que la eliminación de los topes podría favorecer la concentración del suelo, afectar el arraigo de trabajadores rurales y pequeños productores y reducir el control nacional sobre territorios que contienen agua, minerales, recursos productivos y otros bienes estratégicos.
La organización sindical también cuestionó el impacto que tendría la iniciativa sobre las familias inquilinas y los habitantes de barrios populares. Su posición sostiene que la protección de la propiedad no puede analizarse solamente desde el derecho del titular de un inmueble, sino que debe contemplar el acceso a la vivienda, la situación económica de los hogares y la función social que la Constitución y las leyes asignan a la intervención del Estado.
