🔵El Gobierno presentó una apelación contra el fallo que declaró inválidos seis artículos del DNU, los cuales abordan cuestiones vinculadas a los derechos de los trabajadores🔴
La Secretaría de Trabajo, en una extensa presentación de aproximadamente treinta páginas, argumentó que la decisión de la jueza constituye una «decisión política no judiciable«, sosteniendo que el fallo no debería haber tenido lugar. La semana pasada, la jueza Liliana Rodríguez Fernández, a raíz de una acción de amparo de la CGT, declaró la invalidez de los artículos 73 (retención de la cuota sindical), 79 (negociación colectiva), 86 (cláusulas obligacionales), 87, 88 y 97 (servicios esenciales y modalidad de protestas).
En su apelación, el Gobierno advierte sobre los riesgos de un Poder Judicial que, a su juicio, no atiende las necesidades imperiosas de la República Argentina. Se destaca la preocupación por la posible afectación del normal desarrollo de la sociedad, tanto en el ámbito social, jurídico como político, en procura del bien común.
Sostiene que el derecho a la huelga ha sido desnaturalizado y convertido en una instancia de violencia e irrespeto hacia los derechos de otros. En este sentido, el documento subraya que el ejercicio del derecho constitucional a la huelga no debería llevarse a cabo de manera violenta ni abusiva, destacando que el DNU busca regular dicho ejercicio para evitar medidas adicionales que afecten innecesariamente los derechos de otros sujetos.
La disputa legal refleja tensiones en torno a la regulación laboral y el ejercicio de derechos sindicales en Argentina, desencadenando un enfrentamiento entre el Gobierno y sectores judiciales y sindicales.
El Gobierno logró apelar este fallo tras corregir un error de características infantiles cuando no acreeditó en sus escritos a su representación legal. Por ello, debió hacerlo a contrarreloj para lograr esta apelación de un fallo que el Poder Ejecutivo necesita imperiosamente sacar provecho para confirmar su arremetida contra el sindicalismo.