🔵La diputada nacional acusó a los gremios legislativos de no defender a los empleados. APL salió a responderle y le recordó sus votos en el recinto y que perjudican a los trabajadores🔴
En las últimas horas, se desató una fuerte discusión entre la Asociación del Personal Legislativo –APL- y la diputada Mónica Frade, que terminó de exponer un choque entre la representación sindical y la política.
El primer golpe
Todo empezó cuando Mónica Frade publicó en redes sociales una acusación contra APL y UPCN, los dos gremios que representan a los empleados del Congreso (ATE no fue mencionado por la legisladora).
La diputada los acusó de ser «entreguistas y corruptos» y dijo que, por su culpa, los trabajadores de la Cámara de Diputados perdieron más del 80% de su salario en el último año frente a la inflación.
Aunque intentó suavizar su arremetida argumentando que algunos delegados sí luchan, apuntó fuerte contra las conducciones sindicales.
La respuesta de APL
APL no tardó en salir al cruce. Con un comunicado titulado «Si le preocupan nuestros salarios, vote en contra del ajuste«, la organización conducida por Norberto Di Próspero le recordó a Frade varios datos incómodos: votó a favor de la Ley Bases, la cual entre algunas cosas, intenta flexibilizar las relaciones laboroles, posibilitando ajuste y despidos; Se abstuvo cuando se trató la vuelta del impuesto a las ganancias sobre los sueldos y apoyó el acuerdo con el FMI, que también implica recortes.
Desde el sindicato del Congreso le marcaron la contradicción sobre la defensa a los trabajadores mientras se votan leyes que los perjudican. Frade volvió a responder y admitió que está dispuesta a explicar sus votaciones pero también insistió en que los gremios deben explicar por qué los salarios siguen cayendo aunque omitió mencionar la protección de las fuentes de trabajo.
Cabe recordar que la diputada Mónica Frade presentó recientemente un proyecto de ley para modificar la Ley de Convenios Colectivos -14.250-, proponiendo limitar las llamadas “contribuciones solidarias” que los sindicatos pactan en paritarias.
La iniciativa busca poner un tope del 2% sobre el aumento salarial logrado y restringir el plazo de cobro a un máximo de un año.
Desde el sindicalismo, esta propuesta fue leída como un intento de debilitar la estructura económica de las organizaciones gremiales y avanzar sobre uno de los pilares de la negociación colectiva.