🔵Alejandra García, principal candidata en las elecciones del 21 de abril en el CPACF, argumentó la medida cautelar presentada por la entidad sobre los articulos de la reforma laboral que afectan directamente al ejercicio de la abogacía y, esencialmente, sus ingresos🔴
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal presentó una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802, que modifican los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, al vislumbrar el ataque directo el ejercicio profesional de la actividad.
¿Cuál es el dilema en cuestión? Dos puntos concretos. Por un lado, la figura de la “pluspetición”, que ahora puede hacer que los abogados tengan que pagar costas solo por haber estimado de más un reclamo, sin que se evalúe cómo actuaron. Por otro, la posibilidad de pagar en cuotas las sentencias laborales, incluyendo los honorarios profesionales.
Esto sucede en medio de un calendario electoral para el Colegio. El 21 de abril se celebrarán las elecciones y García busca convertirse en la primera mujer en la historia en presidir la institución. Mientras tanto, el actual titular, Ricardo Gil Lavedra, va como candidato a la Asamblea, con Alberto Biglieri como suplente.
Alejandra García, candidata a presidenta del Colegio y actual coordinadora Legal y Técnica, lo explicó sin vueltas: “Nos hace solidariamente responsables con esa pluspetitio”. Y agregó: “Permite el pago en cuotas de las indemnizaciones e incluso de nuestros honorarios que tienen carácter alimentario”, reclamó García.
Para el Colegio, esto no es solo un tema de abogados. En el comunicado oficial ya habían advertido que estas medidas afectan derechos básicos como el trabajo, la propiedad y la igualdad ante la ley. Y también, el acceso a la justicia.
“La profesión de los abogados no es un comercio. Somos la primera línea de acceso a la justicia”, se defiende la dirigente de la entidad ubicada en la Avenida Corrientes al 1400.
Según explicó, el Colegio intentó que el Congreso revise estos puntos, como ya había pasado con la Ley Bases, donde lograron frenar artículos que los afectaban. Pero esta vez no hubo respuesta.
“Nuestro honorario profesional tiene carácter alimentario, lo que cobramos por nuestro trabajo. ¿Cuál es el fundamento de la norma? No te lo podría decir porque los abogados no hacemos las normas ni las aplicamos. Las usamos para defender los derechos de nuestros clientes”, agregó la Coordinadora Legal y Técnica del CPACF. “Esto afecta al derecho de defensa y que además vulnera el derecho de los trabajadores y las trabajadoras,” agregó.
El conflicto además no es aislado. Hay más de 30 colegios de abogados en todo el país que iniciaron acciones similares, junto con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, lo que muestra que el rechazo es amplio. “Si una ley no se debate lo suficiente y no tiene el consenso social suficiente, claramente se vulnera el Estado de derecho,” concluye.