• Duro documento de la Confederación Sindical de las Ámericas sobre la Gestapo anti-sindical

    🔵La Confederación Sindical de las Américas se pronunció mediante un documento sobre la Gestapo antisindical de Vidal y Macri🔴

    La Gestapo antisindical ha repercutido en niveles que superaron ampliamente las fronteras argentinas. Ahora fue la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas la que emitió un duro documento contra la organización de causas judiciales contra dirigentes sindicales durante el Gobierno de Mauricio Macri.

    La entidad internacional, la cual representa alrededor de 55 millones de trabajadores en el continente y que agremia en 21 diferentes países de Ámerica, sostuvo en un documento que se dio a conocer este 14 de enero, que “los hechos verificados constituyen una flagrante violación de las garantías más elementales del Estado de Derecho, afectando los derechos ciudadanos y a la Democracia y su institucionalidad misma como ideal de convivencia social”.

    Lo manifestado por la CSA en modo escrito, menciona y apunta directamente contra la ex gobernadora bonaerense y actual diputada porteña, María Eugenia Vida y su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas  y a “otros responsables, que incluye a miembros del Poder Judicial de la República Argentina”. Por supuesto, no desliga al ex presidente Macri. “Es importante destacar que la política del gobierno de la provincia de Bs.As. estaba íntimamente relacionada con el proyecto del gobierno Federal del presidente Mauricio Macri, ejecutado en varias oportunidades mediante instrumentos como el espionaje, la acción policial y jurídica en contra de dirigentes sindicales sociales y políticos”, sentencia.

    El documento consta de 8 puntos en los que desarrolla opinión y fija postura sobre lo que se dio a conocer por la AFI hace algunas semanas, sobre una reunion del ex ministro de Trabajo con empresarios, miembros del Poder Judicial, el intendente de La Plata, Julio Garro y funcionarios y legisladores de Cambiemos.

    Los 8 puntos

    1. Que los hechos denunciados fueron conocidos en el curso de la pasada semana mediante filmaciones donde se aprecia la celebración de reuniones secretas realizadas en 2017 por funcionarios de esos rangos con el objetivo de trazar un plan para afectar y debilitar a organizaciones sindicales representativas de trabajadores del ámbito público y privado, llegando al extremo de proponer una “Gestapo” antisindica,l según expresión literal del entonces Ministro de Trabajo de la Provincia.
    2. Es importante destacar que la política del gobierno de la provincia de Bs.As. estaba íntimamente relacionada con el proyecto del gobierno Federal del presidente Mauricio Macri, ejecutado en varias oportunidades mediante instrumentos como el espionaje, la acción policial y jurídica en contra de dirigentes sindicales sociales y políticos;
    3. Esta persecución y criminalización de dirigentes sindicales y sociales y de las protestas constituye una política conocida en las Américas, ya que obedece a la lógica del modelo económico neoliberal que privilegia el mercado y las ganancias por encima de los derechos de los trabajadores/as y de la población en general. Su aplicación es implementada por los gobiernos de derecha y de extrema derecha en nuestra región, que hace de su fundamentalismo neoliberal una práctica de ataque a la democracia y al propio estado de derecho;
    4. La visualización del video por la vía de redes sociales permitió verificar públicamente la gravedad de la situación, que significa una grosera persecución sindical que ha motivado la presentación de recursos por parte de las centrales sindicales argentinas ante organismos internacionales competentes en materia de Derechos Humanos;
    5. En casos similares, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene dicho que “En relación con la inculpación de dirigentes sindicales por sus actividades sindicales, el Comité señaló el peligro que para el libre ejercicio de los derechos sindicales representan las condenas pronunciadas contra representantes de los trabajadores en el ejercicio de actividades relacionadas con la defensa de los intereses de sus mandantes” (La Libertad Sindical. Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical. OIT, 2018, pár. 154);
    6. En lo fundamental, los hechos verificados constituyen una flagrante violación de las garantías más elementales del Estado de Derecho, afectando los derechos ciudadanos y a la Democracia y su institucionalidad misma como ideal de convivencia social;
    7. En esta dirección, la Resolución sobre “Los derechos sindicales y su vinculación con las libertades civiles” de la OIT de 1970 ha reconocido que los derechos de las organizaciones de trabajadores se basan en el respeto de las libertades civiles y que “el concepto de libertades sindicales carece totalmente de sentido cuando no existen tales libertades civiles”. Entre las libertades civiles que son esenciales en sí mismas y como presupuesto del ejercicio de la libertad sindical figuran, según la Resolución de OIT, “el derecho a la libertad y la seguridad de la persona, y a la protección contra la detención y la prisión arbitrarias”; la “libertad de opinión y de expresión, y en particular, de sostener opiniones sin ser molestado” y el “derecho a proceso regular por tribunales independientes e imparciales”;
    8. La iniciativa ahora descubierta confirma la denuncia de las centrales sindicales argentinas efectuada en 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las acciones tomadas por el gobierno de la época para criminalizar la protesta social, estigmatizar dirigentes sindicales (incluyendo arrestos y detenciones) y jueces, restringiendo de diversas maneras la actividad sindical.

    La organización sindical americana reclamo que en la Argentina se determinen “las responsabilidades de los partícipes de las reuniones y confabulaciones de manera firme para erradicar este tipo de maniobras lesivas de los derechos civiles, políticos y sindicales de las personas que trabajan”.

    Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y titular de la UOCRA, fue quien interpuso una denuncia ante las oficinas de la OIT.

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