Un amparo estaría circulando el Ministerio Publico de la Provincia de Buenos Aires, el cual exigiría a los gremios docentes a “cesar” con el paro ya que con ello se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolecentes, a la educación. Se podría alcanzar una cruzada de normas beneficiarias para unos y para otros.
Basándose en los Derechos de los Niños, Niñas y Adolecentes, hay un papel borrador en la provincia de Buenos Aires, que tiene formato de medida de amparo, que estaría circulando para exhortar inmediatamente el paro docente y reclamar a los gremios de la educación el “el cese inmediato e impostergable” del paro que ya alcanzó los once días.
Según el escrito, al cual accedió y publico el sitio de noticias políticas Letra P, se encontrarían próximos a ejecutar la medida, entre otros, el Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand, el cual exige: “Solicitamos se exhorte a las partes en conflicto a –cualquiera sea la solución a que arriben- garantizar la concurrencia de los niños, niñas y adolescentes y de sus docentes a los establecimientos educativos, en los días y horarios correspondientes, con seguimiento del cronograma regular de clases, dando satisfacción inmediata al derecho a la educación”, reclama el documento, mientras le requiere al eventual juez que reciba el amparo que le haga saber “a las partes en conflicto la legitimación para exigir judicialmente la satisfacción inmediata del derecho a la educación vulnerado, en caso de no arribarse a una composición amigable del conflicto”.
Los magistrados sostienen que la medida que llevan adelante los docentes vulnera el derechos los niños NNyA a la educación que “asisten a escuelas públicas, provinciales y municipales” del territorio bonaerense. Por esto, demandan el “inmediato ingreso de los niños y jóvenes a las aulas a los fines de dar inicio al ciclo lectivo”. El documento, aun no oficializado, apuntaría la “suspensión inmediata del paro, sin perjuicio de la continuidad o no de la discusión salarial y de la adopción o no de otras diversas medidas de fuerza”, siempre y cuando “no se vulnere –al punto de su neutralización- el derecho a la educación de los niños y jóvenes bonaerenses”.
De un lado, la Justicia le exigiría a los docentes frenar con la medida de fuerza por ser los chicos el eje del conflicto; por el otro, obligaría al Gobierno a resolver la problemática.
Uno de los argumentos presentados en el escrito es que “los menores colectivamente representados, resultan ajenos a la posibilidad de satisfacción de los reclamos pretendidos. En efecto, ellos no se encuentran en condiciones de brindar aumentos salariales, ni de modificar los lineamientos educacionales de la Provincia, ni convocar a paritarias en otros niveles, ni mejorar las estructuras edilicias, como es reclamado en el conflicto aquí analizado. Es decir, que el derecho de ‘huelga’, ni es, ni puede ser ejercido contra ellos. Sin embargo, sus derechos se encuentran severamente vulnerados”.
Con esto, habrá que ver que aducen los sindicatos en su defensa, ya que se cruzan derechos legítimos de ambos lados; por uno, el de los niños, absolutamente innegables e “impostergables”, como lo es el de la educación; y el de los docentes, a “un salario digno”.